La “Mafiocracia” Electoral

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Por: Óscar Zamora Flores

 Las recientes elecciones ocurridas en el Estado de México y en Coahuila han demostrado una vez más a la ciudadanía y a la opinión pública que la democracia electoral en México no cuenta con la solidez legal ni la legitimidad que como mínimo requiere un sistema democrático del siglo XXI.  Los procesos electorales en estas dos entidades estuvieron bajo el escrutinio público principalmente de las redes sociales en donde se evidenció la comisión de innumerables delitos electorales e irregularidades ante las que las autoridades electorales fueron omisas y los medios de comunicación parciales y cautelosos.

Lo más decepcionante de todo ha sido la ceguera de la autoridad electoral que no acepta o no quiere aceptar, o le pidieron que volteara la mirada hacia otro lado para no ver el cochinero en el cual se llevaron a cabo las elecciones, lo cual deteriora profundamente la calidad de la elección y por consiguiente la credibilidad de los resultados que obtuvieron los candidatos ganadores en sus respectivos estados.

Y nada benévolamente contundente que decir respecto del asunto aritmético, el ya tan vapuleado PREP que por décadas no convence volvió a hacerse presente. Números que no cuadran, explicaciones sin sentido por parte de la autoridad electoral, opiniones diversas detonantes de confusión en los medios de comunicación, argumentos que no lo son y que están más cerca de ser falacias porque los hechos demuestran lo contrario, y todo para tratar de imponer la idea de que no es posible un fraude y que sencillamente resulta ser “descabellado” tan solo imaginarlo, como lo señaló el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.

El fraude electoral es un lastre que acompaña a la incipiente democracia electoral mexicana desde 1988, las constantes reformas en materia electoral no han sido las idóneas para enderezar el sistema y ganar credibilidad en este país, desafortunadamente cada trienio o sexenio que se somete a modificación la ley electoral se hace con un trasfondo político claro “el que hace la ley hace la trampa” y cada proceso electoral federal, local o municipal se cobija en la laguna o en la ambigüedad de la legislación para operar nuevamente la elección en favor de quien en ese momento ostenta y quiere conservar el poder.

Aunado al cinismo alarmante de las complicidades de todos los actores políticos incluyendo las autoridadades electorales, pone de manifiesto el desolador panorama que se vislumbra hacia la elección presidencial del 2018 en la que no se consideran garantías para que el proceso se realice estrictamente apegado a la ley. Y es que aceptar competir en un proceso electoral bajo las reglas imperantes conlleva una aceptación tácita de los resultados institucionales y, aunque carezca la elección de calidad y de legitimidad, no hay nada que hacer, el fallo final que emita la autoridad jurisdiccional electoral ratificará los triunfos del Estado profundo.

Ante ello, la única vía que existe para organizar elecciones transparentes, con mecanismos claros de participación y en las que se respete el voto emitido por el electorado es que las y los mexicanos se comprometan y se involucre de manera tajante en la elaboración de la legislación electoral de cara a las próximas elecciones, la transformación del sistema electoral no va a surgir desde los partidos políticos y mucho menos desde las autoridades que desean mantener el statu quo, el golpe de timón será desde la sociedad civil organizada.

Desde distintas trincheras se debe reforzar la idea de acabar con la “mafiocracia electoral” que tiene secuestrado al país, si bien los partidos políticos que se regodean en el poder pretenden desalentar la participación ciudadana haciendo creer al ciudadano votante  que “no importa por quien vote, siempre gana el PRI” [vieja letanía], lo cierto es que en redes sociales la percepción de una gran mayoría es que ese lema es ya es insostenible, hay un despertar de conciencia generalizado que apunta a un cambio en la cultura democrática y sobre todo en la forma de hacer política en el país. A eso debemos aferrarnos con firmeza como ciudadanos.

Lo acontecido en el Estado de México y en Coahuila es una lección y debe ser visto como un ensayo de lo que sucederá en el 2018 si no se reforma antes la ley electoral, están calando la reacción final de la población, si hay condiciones o no para operar de la misma forma para entonces. Reglas claras y sencillas que garanticen plenamente el respeto al voto es lo que se necesita, no segundas vueltas ni mecanismos experimentales o figuras extrañas que funcionan en otras democracias y que quieren venderle a las y los mexicanos como la panacea o como soluciones de primer mundo para legitimar los resultados de las elecciones. Las elecciones se legitiman con una fórmula muy sencilla: respetar el voto ciudadano depositado en las urnas, respetar la voluntad popular mayoritaria, no hay más.

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